En los últimos años se ha puesto en marcha lo que bien podría calificarse como un auténtico tsunami normativo que de forma directa o indirecta ha afectado a toda la contratación laboral del profesorado y del personal investigador de las universidades públicas, con la clara voluntad de acabar o, cuanto menos, de reducir las inaceptables cotas de temporalidad y de precariedad laboral que hasta el momento han definido la carrera profesional de estos colectivos.
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